Quienes somos

El GRUPO DE ECONOMÍA CRÍTICA de la Universidad Nacional de Lanús (GEC-UNLa) es un colectivo de alumnos, docentes y graduados creado en en año 2011. Quienes forman parte del mismo comparten un interés genuino por la producción y difusión de pensamiento crítico en el ámbito de las Ciencias Económicas

martes, 17 de diciembre de 2013

OPINION

Reproducimos artículo de opinión publicado por la revista Viento Sur de la UNLa en su edición número 6º de Octubre de 2013


INFLACIÓN, SOJADEPENDENCIA Y EXTRACTIVISMO

Santiago González Arzac[1]                                                  Fernando De Leone[2]


El Grupo de Economia Crítica de la Universidad Nacional de Lanús (GEC-UNLa) en conjunto con el Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico y la Dirección de la Licenciatura en Economía Empresarial organizaron la Charla: “INFLACIÓN, SOJADEPENDENCIA Y EXTRACTIVISMO ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN ANTE LA CRISIS GLOBAL?”, contando con la presencia de los economistas Ernesto Mattos[3] y Martín Kalos[4].
Esta actividad tuvo como objetivo analizar las causas, efectos y perspectivas del problema de la inflación argentina, discutir el modelo de acumulación actual, las políticas macroeconómicas vigentes y debatir los límites del desarrollo económico argentino ante la crisis global. A continuación exponemos nuestras conclusiones.[5]

CAUSAS, EFECTOS Y PERSPECTIVAS DE LA INFLACIÓN EN ARGENTINA
La Ciencia Económica es una ciencia eminentemente social y por ello las leyes científicas que en ella se formulan carecen de la precisión de las leyes propias de las ciencias exactas. La prevalencia de la teoría económica neoclásica a partir de la revolución marginalista y la hegemonía de políticas económicas neoliberales se han edificado sobre la negación del carácter social de la ciencia económica. Probablemente ello contribuya a que no exista en la ciencia económica explicaciones totalmente válidas para explicar las causas de la inflación en Argentina.
Al analizar ciertas aristas de la inflación, podemos ver su carácter ambiguo, lo cual nos lleva a reflexionar acerca de ellas y ver como pueden aparecer simultáneamente como un problema (social-económico) y como una solución ante ciertas tensiones sociales y políticas. La inflación es un problema serio, afecta la pobreza, la indigencia y afecta al salario real. El incremento sostenido de los precios es un fenómeno sumamente complejo y determinado por múltiples variables económicas y sociales. Existe cierto consenso teórico acerca de que la persistencia de altas tasas de inflación configura un grave problema para la sociedad y que el Estado debe actuar para atenuar los efectos nocivos que de ella surjan. Las recomendaciones ortodoxas de política económica para atenuar los efectos de la inflación, asi como para su entendimiento y descripción, no han considerado la complejidad que tras de ella se esconde y suelen ser el sostén de las políticas neoliberales aplicadas en el país a partir del golpe militar de 1976 y consisten entre otras en: la reducción del Gasto Público, la flexibilidad del mercado de trabajo, el inventivo a la inversión extranjera, la minimización de regulaciones estatales, la liberalización y desregulación de los mercados financieros, entre otras.

ALGUNAS POSIBLES CAUSAS

Un EXCESO DE DEMANDA ocurre cuando la estructura productiva de un país no acompaña a incrementos en el consumo y puede generar las condiciones sociales para que ciertos grupos empresarios con poder de mercado puedan incrementar los precios. Se podría pensar que la inflación aparece como el “costo social” del mejoramiento de la capacidad de consumo de las familias, las empresas y el sector público en una economía cuya capacidad productiva (por diversas razones: porque los empresarios no invierten, porque dichas inversiones requieren “tiempo”, porque nos es posible tecnológicamente aumentar el nivel de producción, etc.) no es capaz de responder ante el incremento de la Demanda y el Consumo.

La prevalencia de la DISYUNTIVA ALTO EMPLEO – BAJA INFLACION puede presionar a alzas en el nivel de precios. En algunas circunstancias (elevados niveles de utilización de capacidad productiva instalada y bajo nivel de desempleo) puede ocurrir que no sea posible lograr de forma simultanea dos objetivos de política económica: mantener a la vez un nivel bajo de desempleo y un nivel bajo de inflación. Es la denominada “puja distributiva” la que acciona la inercia inflacionaria. Un bajo nivel de desempleo incrementa el poder de negociación de los trabajadores (sobre todo de los trabajadores calificados) y les permite negociar mejoras en sus condiciones de trabajo, ello se traduce en mayores costos empresarios que suelen ser automáticamente trasladados a  precios. El problema aparece cuando el incremento de los precios es mayor que el incremento de los costos salariales, cuando el traslado al sistema de precios es previo a la efectiva mejora de los salarios, cuando existen mercados de trabajo segmentados en donde existen según el sector económico distintos poderes de negociación.

El CONTROL DE PRECIOS que puede aparecer como una solución en el corto plazo puede convertirse en un problema ya que puede incrementar el grado de concentración económica. Un claro ejemplo es el caso del sector lácteo en Argentina. A partir del año 2004 se han celebrado múltiples acuerdos de precio para contener el costo de vida luego de la devaluación post convertibilidad.  Ello ha permitido mantener precios en el corto plazo a costa de concentración del mercado y consecuentes mayores precios en el largo plazo. Desde el año 1983 al 2010 disminuyó un 70% la cantidad de establecimientos pasando de 40.000 a 12.000. Asimismo, el precio de la Leche entera (por litro en Sachet) pasó de $ 1,18 a $ 5,90 desde el 2003 al 2012 exhibiendo un incremento promedio anual del 45%.

Un punto interesante a analizar es la recomendación monetarista clásica, la cual asume que la emisión monetaria genera inflación. La historia aquí parece ser contundente: el fracaso de las políticas de estabilización en la década del 80 en América Latina, la inmensa emisión monetaria realizada en EEUU para “salvar” al sistema financiero, los recientes multimillonarios salvatajes a la banca griega, española y portuguesa no han producido los resultados esperables según esta teoría. Es por ello que el enfoque monetarista de la inflación se encuentra en una profunda crisis teórica. El monetarismo asume que la inflación puede explicarse (si se mantiene constante la velocidad de circulación del dinero y el nivel de actividad) por el aumento de la cantidad de dinero en la Economía. Esta visión ignora la complejidad del sistema financiero internacional, los nuevos instrumentos financieros (tales como los Fideicomisos, derivados, swapps) que muchos de ellos escapan al control regulatorio del Banco Central.

Resulta interesente el enfoque estructuralista latinoamericano de la inflación ya que asume la existencia de rigideces en la economía y la influencia de la estructura económica de un país en el nivel de precios. La inflación aparece vinculada con el modo de producción y la organización de la economía y son las imperfecciones en la organización económica las que generan la Inflación. Así, por ejemplo la estructura económica de un país define los términos de intercambio (en base a su especialización productiva) y en base a ello se determinan los precios relativos. Ahora bien, supongamos un aumento de la Demanda de bienes agrícolas y una Baja de la Demanda de Bienes industriales. Si no existieran rigideces deberían incrementarse los precios de los bienes agrícolas y disminuir los precios de los bienes industriales. Pero ante la existencia de precios nominales fijos (o de ajuste lento) ello no ocurre ya que existen rigideces tales como: contratos con Proveedores, Acuerdos de Paritarias, diferente Poder de Negociación de trabajadores de cada sector, diferentes convenios colectivos de trabajo, etc. y no descienden automáticamente los precios de los bienes industriales pero sí suben los precios de los bienes agrícolas provocándose inflación. Para combatir la inflación estructural, suele recomendarse no utilizar instrumentos monetarios ya que los efectos pueden ser generar mayor inflación.

En un escenario de recomposición de la Demanda Agregada, incremento del empleo, tipo de cambio competitivo, ventajas comparativas “naturales” y restricción de importaciones genera un escenario propicio para que en los sectores con mayor concentración económica las firmas estén en condiciones de apropiarse del excedente del consumidor motorizando la inflación. Por otro lado los controles de precios y ciertas políticas de promoción industrial local pueden reforzar el poder de mercado de grandes grupos económicos. Así por ejemplo se detallan los siguientes sectores en donde existe un alto grado de concentración:



SECTOR
Principales empresas
Concentración
CEMENTO
LOMA NEGRA 48,55%  MINETTI 32,48% AVELLANEDA 15,53%
3 empresas controlan el 96%
AGROQUIMICOS
BAYER 52%  AVENTIS 36%
2 empresas controlan el 88%
HERBICIDAS
BAYER 22% AVENTIS 15% DOW 40%
3 empresas controlan el 77%
TV por Cable
CABLEVISION 29,8% MULTICANAL 30,7%
SUPERCANAL 9%
3 empresas controlan el 70%
LECHE
SANCOR 19% DANONE 47%
2 empresas controlan el 66%
CERVEZA
QUILMES-BRAHMA 82%
1 empresa controla el 82% del mercado
GASEOSAS
COCA COLA 60% PEPSI 24 %
2 empresas controlan el 84% del mercado


¿Ganadores y Perdedores?

La inflación sin dudas afecta en mayor medida a las clases sociales más bajas. Son ellas las que poseen mayor dificultad para cubrirse financieramente de la inflación y destinan una proporción mayor de su ingreso al consumo de alimentos. Además no suelen tener deudas que crezcan a un valor nominal menor que la inflación y suelen tener dificultad para acceder al crédito (tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, etc.) de modo de lograr una posición ventajosa en un proceso inflacionario.

Asimismo, afecta en mayor medida al mercado de trabajo informal (actualmente el nivel de la informalidad es muy alto: 34% de los asalariados no se encuentran formalmente inscriptos y alcanza a casi 4 millones de personas). Los trabajadores no registrados no se encuentran alcanzados directamente por los efectos de las paritarias y otros beneficios sociales. Los asalariados también se ven afectados por la inflación ya que genera una disminución del salario real, es decir el deterioro de la capacidad de compra de la cantidad de dinero por el aumento de los precios.

El sector público también pierde con la inflación ya que deteriora los ingresos tributarios al existir un lapso (y un consecuente deterioro en el poder de compra) entre el momento en el que se determinan los impuestos y el momento en que el Estado los cobra.

Las visiones de la inflación presentadas demuestran la importancia de considerar la puja distributiva, la inflexibilidad de los precios, el nivel de empleo, el poder de negociación de los trabajadores, la concentración económica y la respuesta de la capacidad productiva ante aumentos de la Demanda. La inflación implica la existencia de un desequilibrio social en la distribución del ingreso y puede ser el reflejo de problemas económicos estructurales no resueltos. Resulta necesario revisar críticamente las políticas contractivas que sectores dominantes recomiendan para apaliar la inflación en Argentina.


EL DEBATE ACERCA DE LA SOJIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Suele denominarse extractivismo al conjunto de actividades económico-productivas que comparten un patrón común de explotación de los recursos naturales. A partir de la década de los noventa se han desarrollado ininterrumpidamente condiciones de producción óptima para el avance y desarrollo de actividades extractivas, en especial hidrocarburos, mineral y soja.
A menudo podemos escuchar a los economistas hablar de la sojización de la economía. El de la soja es un debate que ha cobrado fuerza en los últimos años al calor de la reyerta del año 2008 ente el gobierno y el campo por las retenciones a las exportaciones sojeras y de otros cereales. Analicemos los antecedentes que han llevado a nuestro país al tercer lugar en la producción mundial de soja en bruto (porotos, semillas) y al primer puesto en la producción mundial de aceites de soja.
En la década de los noventa se producen dos hechos relevantes que favorecen el crecimiento de la producción sojera: la maduración de técnicas de siembra directa, que permiten hacer un uso más eficiente del agua y lograr altos y sostenidos niveles productivos; y el inicio de la comercialización y utilización de la soja transgénica RR (Round Up Ready), aprobada por el Estado argentino en el año 1996, resistente al glifosato, un herbicida de amplio espectro.
A estas circunstancias se suma la importante rentabilidad del sector, por la tendencia ascendente de los precios a nivel internacional que han llevado a la soja de 230 dólares/tonelada en el año 2003 a cerca de 600 dólares/tonelada en el año 2012. Dichas condiciones, entre otras, han llevado a que la superficie sembrada nacional esté cubierta por soja en casi un 60%, mientras que un porcentaje similar representa la soja sobre el total de los granos producidos por la Argentina. A su vez, es tan insignificante el cultivo de soja orgánica de nuestro país que podemos decir que la totalidad de la soja cultivada es transgénica, o modificada genéticamente, o simplemente RR, según su nombre comercial. La Argentina es uno de los pocos países cuya legislación ha permitido un avance tan significativo de las variedades transgénicas respecto del total de su producción agropecuaria.
Otro aspecto a considerar es la influencia de la situación externa. Frente a la crisis financiera e inmobiliaria que estalló en los Estados Unidos en 2007, los grandes fondos de inversión especulativos trasladaron millonarias sumas de dinero a la plaza internacional de commodities, transformándolos en un objeto más del juego financiero, cuyos precios suben y bajan por movimientos especulativos y no en función de las demandas locales o las necesidades de la población. Entonces, un cultivo que permite obtener rindes superlativos, que se adapta a distintas condiciones de clima y suelo, y que resiste otras amenazas por efecto del herbicida glifosato (mata todo menos la soja), termina por convertirse en una actividad altamente rentable y en el principal producto exportable de nuestro país.
Pero el de la soja es un negocio concentrado. La composición del negocio de la soja en nuestro país ha quedado concentrada en cuatro grandes actores: a) Los pool de siembra que se nutren de fondos de inversión y operan a gran escala sobre las tierras arrendadas. b) Los proveedores de agroquímicos y semillas (Monsanto, Novartis, Dupont, Bayer, Syngenta y BASF), que controlan el total de las semillas transgénicas del mundo, acaparando lucros mediante la fuerte dependencia que tiene la producción de soja de las nuevas semillas y fertilizantes. c) Las cinco grandes compañías exportadoras, que manejan el 90 % de las ventas: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera y Aceitera General Deheza. d) Los dueños de la tierra o rentistas que en gran número arriendan sus campos, sobre todo si sus campos tienen menos de 300 hectáreas, superficie mínima rentable para la producción de soja.
En términos estratégicos vemos que donde antes se criaban vacas y se cultivaban alimentos para los argentinos ahora se cultiva forraje para alimentar al ganado de otros países, para que ellos produzcan alimentos y agro combustibles. En ese sentido hemos resignado soberanía alimentaria y hemos puesto las mejores y más fértiles tierras del mundo al servicio de dicha lógica. De hecho, la Argentina exporta 3.500.000 toneladas anuales de nutrientes de nuestro suelo (nitrógeno, potasio y fósforo) que no se recuperan de manera sustentable.
Sin lugar a dudas, de los efectos negativos del auge de la soja transgénica, el más grave es el efecto sobre la salud de la población cercana a los campos sojeros. Se ha incrementado el número de habitantes rurales que sufren afecciones respiratorias, dermatológicas, neurológicas, distintas formas de cáncer y muerte, en asociación directa con el uso de agro tóxicos.
En la provincia de Santa Fe, en marzo de 2010, un fallo judicial prohibió el uso de glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge. En esa oportunidad quedó demostrado el poder del capitalismo sojero. Por primera vez en la Argentina, se invirtió la carga de la prueba. Era regla que los vecinos y campesinos intoxicados tuvieran que demostrar las afecciones en su salud y la relación con los agro tóxicos, en lugar de ser los impulsores de los agro negocios (tanto los empresarios del sector como el gobierno de Santa Fe) quienes debían demostrar la inocuidad de los químicos.
Otro antecedente es el juicio que se está desarrollando en Córdoba por contaminación y daños a la salud por agro tóxicos contra dos productores sojeros y el piloto de una avioneta fumigadora, en una causa iniciada por vecinos del Barrio Ituzaingó de dicha provincia.
Otros efectos adversos tienen que ver con la destrucción de cultivos regionales, como las hortalizas y los frutales (no resistentes al glifosato), el cierre de tambos, el desplazamiento de campesinos y pequeños productores y la fuerte concentración en la tenencia de la tierra. También es afectada la ganadería que mantiene un plantel similar al de hace 50 años, al tiempo que va quedando cada vez más desplazada de la pampa húmeda hacia regiones más alejadas, como el Chaco y Formosa por mencionar algunas.


Asimismo se produce una altísima concentración de otros medios de producción como semillas, fertilizantes, maquinarias, herbicidas y plaguicidas. En pocos años se consolidó una fuerte dependencia de los agricultores con respecto a las grandes empresas proveedoras de semillas e insumos. Así, Monsanto, por ejemplo, a través de su “paquete tecnológico” (patentes y derechos) convierte al conjunto de los productores en un mercado cautivo.
Sería de esperar que este pujante sector de la economía argentina fuera demandante de una enorme cantidad de mano de obra. Sin embargo, se calcula que emplea un trabajador cada 500 hectáreas sembradas. Entonces cabe preguntarse ¿Cuánta gente se beneficia realmente del predominio de la soja? Los recursos que van al Estado por las retenciones a las exportaciones, fuertemente resistidas por los productores, ¿constituyen un beneficio suficiente para la población en general?, ¿justifican el daño a la salud y al ecosistema?
Bajo esta perspectiva es evidente que el peso de esta actividad en nuestra economía, junto a las políticas públicas relacionadas con este sector, merecen un amplio debate, tomando conciencia de los efectos nefastos sobre la población y la naturaleza, y atendiendo al grado de dependencia externa que trae aparejado comprometer nuestros recursos naturales a los vaivenes de los precios internacionales.   

EL EXTRACTIVISMO  MINERO
El crecimiento del extractivismo minero tiene su origen en dos hechos trascendentes ocurridos a mediados de la década del 90:a) El avance tecnológico y descubrimientos de nuevas técnicas de extracción de minerales y b) El desarrollo de incentivos monetarios locales para la “atracción” de inversiones en el sector. En el año 1993 se promulga la Ley 24.196 que inhibe a los Estados (nacionales y provinciales) la explotación de recursos mineros y paralelamente se estableció el “Acuerdo fiscal minero” que aseguraba a las inversiones en el sector estabilidad fiscal y legal por 30 años, exenciones impositivas y regalías para los estados provinciales del 3% sobre el valor neto del producto final. En definitiva se ha consolidado un trato preferencial a las inversiones del sector que puede resumirse de la siguiente manera:

  • Estabilidad fiscal por 30 años.
  • Deducción del impuesto a las Ganancias hasta el 100% de sus inversiones.
  • Exención de tasas impositivas provinciales/ sellos/ tramites/ IVA / Impuesto al cheque
  • Importación de Bienes de capital e insumos productivos exentos de aranceles.
  • Sus exportaciones no poseen retención alguna.
  • Posibilidad de remitir al exterior capital y ganancias en cualquier momento.
  • Compra de divisas extranjeras exceptuadas de controles del mercado de cambios del Banco Central.

Este escenario propició la irrupción de centenares de proyectos e inversiones de emprendimientos mineros, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:



Inversiones
Producción
Proyectos
Año 2003
660 millones
4.080 millones
40
Año 2008
7.350 millones
16.500 millones
403
% incremento
+ 1014%
+ 300%
+ 900%


Esta promoción de inversiones en el sector conduce inevitablemente a un grave problema de externalidades de difícil resolución por la política pública. Los gobiernos locales argumentan que la minería traerá “desarrollo y trabajo” cuando los hechos demuestran que ello viene aparejado a la contaminación, encarecimiento de la tierra, generación de enfermedades, apropiación de recursos naturales, fuga de divisas y casi nula industrialización local.  El problema se agrava al observar que en la mayoría de los países mineros de la región la tasa de regalía oscila entre el 14 y el 40% calculado sobre el valor bruto del mineral sin descuentos.

La discusión por la Ley de Glaciares fue un tema central de la agenda ambiental del país. A mediados del 2009 se dio una discusión en el Congreso acerca de la necesidad de regular minería a cielo abierto, se realizaron una importante serie de debates, informes, dictamines lográndose un consenso político y social al respecto y normando un control estatal de la actividad (por medio de la Ley 26.418) el cual en una primera instancia encomendaba a las provincias a realizar un relevamiento de los reservorios de agua dulce de modo de lograr su protección pero lamentablemente dicho control no se ha aplicado ya que el Poder Ejecutivo ha vetado a la ley.



¿CUÁL ES EL LÍMITE DEL MODELO?
A modo de cierre resulta relevante al analizar el modelo económico vigente en la Argentina discutir la idea de que existen sólo dos opciones: el neoliberalismo de los noventa o el modelo neodesarrollista actual y ello nos conduce a preguntarnos en qué medida el modelo actual aborda los problemas de la estructura económica argentina aún pendientes de resolución. En particular se debería avanzar en los siguientes tópicos:

·   Reforma tributaria para apaliar las desigualdades sociales pendientes.  (Disminución IVA a clases sociales bajas – Gravar la renta financiera).
·   Reducir dependencia de exportación de bienes primarios con escaso valor agregado y alta volatilidad de precios.
·   Propiciar políticas de defensa de los bienes comunes.
·   Políticas para apaliar el déficit habitacional. Medidas como el plan PROCREAR resultan necesarias su profundización.
·   Políticas para mejorar el transporte público.

La charla realizada ha sido muy importante, la presencia de economistas con visiones distintas y complementarias ha enriquecido el debate. Habiendo sido estudiantes de economía durante la década del 90 vemos hoy a la economia como si hoy fuera otra ciencia, vemos más discusiones en las universidades, en los medios, en la sociedad. Ello es sumamente alentador. A la vez, existe el riesgo de que ello conduzca sólo a encuentros plagados de abstracciones teóricas y asimilarlos a meras celebraciones o rituales. Sabemos que no es fácil pero es posible pensar, discutir y diseñar elementos que debería tener un modelo económico con mayor inclusión e igualdad social. Las Universidades deberían tener mucho que decir/hacer al respecto. No deben darle la espalda a los problemas de la sociedad. Esta Universidad en sus propósitos lo propone. Eso es un gran paso y a la vez una inmensa responsabilidad. Los conflictos (inflación, concentración económica, extractivismo minero) que se están viviendo en el país demuestran que los problemas son serios y complejos y son el resultado de enfrentamientos de fuerzas sumamente poderosas. Sólo con palabras no vamos a superarlos.




[1] Lic. en Economía Empresarial (UNLa). Profesor Adjunto del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico. Miembro del GEC UNLa. Sociedad de Economía Crítica.
[2] Lic. en Economía (UBA). Profesor Adjunto del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico y del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Miembro del GEC UNLa. Sociedad de Economía Crítica.
[3] Lic. en Economía UBA. Docente Cátedra Nacional Arturo Jauretche. Investigador del CEMOP. Universidad Madres de Plaza de Mayo.
[4] Lic. en Economía UBA. Docente UBA. Escuela de Economía Política de la UBA. COB La Brecha.
[5] Las opiniones de los autores en forma alguna representan la postura de la Sociedad de Economía Crítica.